(continuación) "Tenemos la firme
convicción de que el caso que hoy denunciamos, exhibe de una manera ejemplar cómo
ciertas figuras penales pueden ser aplicadas como mecanismos de censura, criminalizando
conductas que no son más que la expresión de opiniones e ideas, animadas por un sentido
crítico, sobre el comportamiento de ciertos funcionarios del Estado. En ese sentido,
entendemos que los hechos de los que fuera víctima Eduardo Kimel, conducen con absoluta
claridad a la conclusión de que estos tipos penales, susceptibles de ser aplicados para
perseguir criminalmente la crítica política, resultan incompatibles con el artículo 13
de la Convención Americana."
"Las decisiones judiciales que conducen a la condena de Eduardo Kimel, exponen además la falta de imparcialidad de
algunos de los magistrados que intervinieron en su juzgamiento, lo que constituye una
violación del artículo 8 de la Convención."
La estrategia definida por el CELS ha sido de buscar una solución amistosa
con el gobierno argentino a través de la sanción de una ley que despenalice los delitos
de calumnias e injurias en casos en que los querellantes sean funcionarios públicos El
diario Página 12 resumió el sentido de esta ley en un artículo:
"De
sancionarse, los funcionarios sólo podrán iniciar acciones civiles, en busca de
reparación económica, y se invertirá la carga de la prueba. Ellos deberán demostrar
que la información publicada era falsa y que el periodista lo sabía o que se
desentendió de cualquier intento por verificarlo."
Lo cierto es que la sanción judicial que sufrí representa un grave ataque
contra la libertad de prensa y, más ampliamente contra el derecho a la información.
Establece un peligroso precedente para todos quienes desarrollan la actividad
periodística con honestidad buscando la verdad.
Los fallos que me condenaron provocaron una reacción de distintas entidades
vinculadas al quehacer periodístico y a la defensa de los derechos humanos. La Unión de Trabajadores de Prensa (UTPBA) y la Asociación
Periodistas encabezaron una campaña de denuncia tanto en el plano nacional como
internacional. La condena fue rechazada por Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), la Sociedad Americana de Juristas y la
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), el
World Press Freedom Committee entre otros.
El 16 de abril de 1999, Santiago Cantón,
relator oficial para la Libertad de Prensa de la OEA emitió un comunicado donde dice: “Causa
sorpresa a la Relatoría que termine siendo castigado el periodista que realizó una
investigación de ese horroroso crimen, mientras que los autores del crimen, sus
encubridores y cómplices, siguen impunes".
Eduardo Kimel
Periodista
Buenos Aires, enero de 2002.
Enlaces
Relacionados: http://www.fivemartyrs.org
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